lunes, 20 de septiembre de 2010

“Se necesita un censo agropecuario urgente”




Entrevista/Fernando Eguren, presidente de CEPES. Desde 1994 no se hizo un estudio que certifique el estado de la agricultura en el Perú. Debe haber más apoyo a los pequeños y medianos agricultores.

¿Cuántas personas dependen de la agricultura?
Se estima que el 30% de la PEA depende de esta actividad. Según el último censo agropecuario realizado en 1994, existen 1,750 unidades productivas en el país; es decir, predios conducidos por una persona. El 90% posee menos de 5 hectáreas.

¿No se realizó un censo desde el año 94?
El campo se ha transformado y  se necesita un censo agropecuario urgente.  El nuevo ministro del sector, Rafael Quevedo, debería afrontarlo. No se conoce qué está ocurriendo en ese sector.  Es indispensable este procedimiento para hacer políticas acertadas.

¿Cuánto es el presupuesto que le asigna el Estado al sector agrícola?
No es fácil establecer cuánto es lo que se invierte. Prefiero relacionar  la agricultura con el  sector rural, pues hay políticas de inversiones que implican las construcción de carreteras o programas de irrigación que impactan en la agricultura.

HAY DESATENCIÓN AL AGRICULTOR

¿Cuáles son los principales  problemas que enfrenta la agricultura peruana?
El real problema agrario se concentra en la pequeña y mediana agricultura. En ese sentido, más de medio millón de familias –propietarias de  tierras– no acceden a los servicios necesarios (información, financiamiento e infraestructura), pues no hay políticas orientadas a beneficiarlas. En todo caso, no acceden a estos servicios o lo hacen de manera deficiente.

¿Pero en el Perú hay agricultura de exportación?
Se cree que el agro está bien  si se exporta. Pero pensar que eso va a resolver el problema agrario, no es la solución.  Sin embargo, la agricultura de exportación es la que recibe mayores facilidades porque las agroindustriales pagan la mitad del impuesto a la renta (15%).

¿Cuánto se ha avanzado en la agricultura del país?
La orientación de la política económica no fue la de mirar a los pequeños sino a los grandes agricultores. Hay políticas asistenciales (temporales)  que deben ser reemplazadas por políticas económicas.

¿Cuáles son los nuevos retos que debe afrontar el nuevo ministro de Agricultura?
Espero que el ministro Rafael Quevedo indique cuáles son los planteamientos que se van a tomar  en cuenta para los pequeños y medianos agricultores, que producen más para el mercado interno y aseguran la alimentación de todos los peruanos.

OLMOS BENEFICIA A LOS GRANDES INVERSIONISTAS

¿Qué opina usted de la inversión para el proyecto Olmos?
En la manera en que el proyecto va a vender estas tierras  –que son del Estado– solo van a acceder grandes inversionistas porque la unidad mínima de venta será de  cien hectáreas,  que costará US$ 4,500. Además, se debe invertir en proyectos de irrigación para que el agua llegue a los lotes.

¿ La población de Lambayeque, lugar donde se realiza este  proyecto, será beneficiada?
No.  La gente de Lambayeque  no tendrá los medios para acceder a estas tierras.  Solo podrán llegar a ellas como obreros asalariados. Las condiciones de venta lo van a impedir. Pese a que se ha escuchado de algunos funcionarios que Olmos será la oportunidad para que los pobladores puedan adquirir una propiedad, la verdad es otra.


viernes, 17 de septiembre de 2010

Los neolatifundios vistos por el Banco Mundial

Por Fernando Eguren (presidente del CEPES)

En los años más recientes, las adquisiciones de grandes extensiones de tierras para uso agrícola se han convertido en un fenómeno mundial, y junto con ello los impactos negativos que puede tener este acaparamiento de tierras.

Este acaparamiento puede tener distintas características. Hay estados que compran tierras a otros estados, para garantizar su propia seguridad alimentaria ante un futuro incierto, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles. También hay corporaciones transnacionales que invierten por las perspectivas económicas atractivas del negocio de la producción de alimentos (se prevé un futuro de alza de precios), por la creciente demanda mundial de agrocombustibles, o simplemente lo hacen con fines especulativos, en un contexto en el que la crisis financiera revaloriza algunos activos, como la tierra y otros recursos naturales.

También hay procesos nacionales, como en el Perú, donde el acaparamiento de tierras es estimulado por las políticas neoliberales y pro exportadoras del Estado, tanto para la exportación de productos alimenticios de alto valor como de biodiesel y etanol.

Según un reciente informe del Banco Mundial , hasta el año 2008 cuatro millones de hectáreas habían sido objeto de grandes transacciones de tierras de aptitud agrícola, mientras que antes de finalizar el 2009 esta cifra ya se había incrementado a 45 millones de hectáreas, tanto en Asia como en África y América Latina. El informe subraya que este proceso ha generado dos corrientes de opinión: algunos ven una oportunidad para países cuyas tierras no han recibido inversiones ni han alcanzado un desarrollo tecnológico adecuado, y que requieren la creación de nuevos empleos. En contraposición, otros enfatizan los riesgos para los Estados débiles, en donde los derechos de propiedad son poco definidos y las instituciones regulatorias no tienen recursos suficientes. En estos casos, la concentración de tierras podría resultar en el beneficio de pocos, en la profundización de las desigualdades y en la degradación de los recursos.

Para reducir los efectos adversos que puede traer el acaparamiento de tierras y las grandes inversiones agrarias, el Banco Mundial, en acuerdo con la FAO, el FIDA y la UNCTAD, formula siete principios: (1) respetar los derechos existentes sobre la tierra y los recursos naturales; (2) garantizar la seguridad alimentaria; (3) garantizar la transparencia, la buena gobernanza y un ambiente favorable; (4)consultar a todos aquellos que pueden ser materialmente afectados, debiendo los acuerdos ser registrados y acatados; (5) reflejar las mejores prácticas de la industria; (6) ser socialmente sostenibles; y (7) ser ambientalmente sostenibles.

Poca duda cabe que el Perú se ubica, lamentablemente, en el de los Estados con escasa capacidad de poner por delante el interés público sobre los intereses del gran capital, en el que los derechos de las comunidades sobre los recursos comunales son cada vez menos respetados y en el que las entidades regulatorias no solo no tienen suficientes recursos, sino que están además atravesadas por la corrupción, como lo muestra el caso de COFOPRI.

sábado, 11 de septiembre de 2010

Alan García: "El Perú es minero, no agrario"


Según el presidente Alan García, “el Perú no es un país agrario” sino “esencialmente minero”.[1] ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina[2]; porque para tener seguridad alimentaria (“idea que ya no sirve en el mundo”, dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres. 

Algunas aclaraciones son pertinentes.

En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.

En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas. 

En tercer lugar, darle un carácter secundón a la agricultura con el argumento peregrino de que “la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo” y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco Mundial.

No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!


[1] Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada.
[2] Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.


Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010)