martes, 19 de enero de 2010

¿Nuevos latifundios o agricultura familiar?

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El gobierno de Alan García sigue con la política, iniciada en el gobierno de Alberto Fujimori, de modernizar la agricultura sobre la base de neolatifundios. Según el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, la cuarta etapa de Chavimochic demandará 300 millones de dólares de inversión pública, con la que se ganarán para cultivos de exportación 40 mil hectáreas. Como ha sido en las anteriores etapas, las tierras serán adquiridas por grandes inversionistas. La concentración de la propiedad de la tierra continúa también por mecanismos de mercado de tierras. El caso extremo es el del Grupo Gloria, propietario de las haciendas azucareras (ex cooperativas) Casagrande, Cartavio, Sintuco y Chiquitoy, que ha adquirido recientemente el control de otra empresa azucarera, San Jacinto (valle de Nepeña), con lo que suma alrededor de 55 mil hectáreas en la costa. Es el más grande latifundista del Perú. 

El argumento principal que justifica y promueve esta concentración es que la gran empresa agraria es más eficiente que la mediana y pequeña agricultura.

¿Es cierto este argumento? ¿Acaso las empresas agrícolas de quinientas, mil o de 5 mil y más hectáreas son más eficientes que las de 10, 20 o 50 hectáreas? ¿Hay estudios que respalden esta afirmación? A pesar de que en el Perú se está consolidando un neolatifundismo en medio de un océano de pequeña agricultura, no hay un debate sobre el tema.

Una reciente publicación del Banco Mundial interviene en esta importante discusión a propósito de la necesidad de redistribuir las tierras agrícolas cuando hay concentración y se presentan circunstancias adecuadas. El editor Hans Binswanger, autoridad mundial en la materia y autor de algunos capítulos, sostiene enfáticamente que “casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada”. El autor expone las razones de esta aparente paradoja, que por su extensión no es posible reproducir en esta columna. 

Binswanger subraya, en contraste, las ventajas de la agricultura familiar. Esta se caracteriza porque los dueños viven en la granja, la administran, y son ayudados por los otros miembros de la familia. Anota también las desventajas: mayor dificultad en el acceso a los mercados de insumos productos, financiamiento, asistencia técnica y a la información. Desventajas que pueden contrarrestarse –afirma– si los pequeños agricultores coordinan sus esfuerzos, como lo indica la experiencia, a través de cooperativas de crédito y mercadeo.

Además, en contraste con una economía agraria basada en grandes fundos, el autor sostiene que “el aumento en el acceso a la tierra por parte de familias de agricultores también puede conducir a economías locales más vitales”, más integradas, con mejores niveles de vida y más negocios minoristas.
En otras palabras, la agricultura familiar es más apropiada para el desarrollo de los espacios rurales. Qué duda cabe que esta discusión es altamente pertinente para el Perú.

 Artículo publicado en el diario La República (19 enero 2010)

viernes, 8 de enero de 2010

Sobre la orientación de los recursos públicos en el agro

Según declaraciones de Adolfo de Córdova, ministro de Agricultura, (1) se continuará con las obras de Chavimochic. La cuarta etapa -de Palo Redondo- demandará una inversión de 300 millones de dólares. (A la tasa de cambio 1US$ = 2.85 NS, equivale a 855 millones de soles.)

Ello ampliará la frontera agrícola de La Libertad en 40 mil hectáreas. Según el mi-nistro, servirán para promover cultivos de agroexportación, como uva, paltos, espárragos “de enorme demanda en el mercado internacional”.

En etapas anteriores dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en el valle del Virú, una cantidad similar –o algo superior- de hectáreas para cultivos de exportación. La mayor parte de esas tierras están hoy en manos de una decena de grandes empresas. Siguiendo ‘el orden natural de las cosas’ vigente desde comienzos de la década de 1990, la propiedad de las nuevas áreas (que significarán una inversión con recursos públicos de 7500 dólares por hectárea promedio, según se deduce de las cifras dadas por el ministro) también estará concentrada en un puñado de propiedades de grandes inversionistas.

El ministro declaró también que el Congreso ejecuta en La Libertad 15 proyectos mediante los Núcleos Ejecutores (orientado a “las zonas de extrema pobreza rural”) por un valor total de 3’783,427 nuevos soles y que el Congreso ha aprobado una partida de 70 millones de soles en total para la implementación de 322 proyectos a través de los NE en todo el país.

Los contrastes saltan a la vista: 855 millones de soles de recursos públicos para un puñado de inversionistas, 70 millones para decenas de miles de pobladores en “zonas de extrema pobreza rural”.

Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación será recuperado, pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en producción, el Estado recabará impuestos, el dinero gastado en los pobres nunca será recuperado.

Este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque los recursos públicos tienen como propósito primordial lograr el bienestar de la población (el bien común), y no promover la generación de ganancias de los grandes inversionistas (para lo cual estos tienen medios de los que la mayoría de la población carecen, incluso procedimientos y servicios y bienes públicos que presta el propio Estado). En segundo lugar, porque la experiencia indica que el Estado no logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, y siempre hay un subsidio, abierto u oculto.

En tercer lugar, porque apoyar “zonas de extrema pobreza rural” no es un gasto sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social como econó-mica, cultural y ambientalmente rentable.

En cuarto lugar, porque hay una cuestión de números: los pobladores de las zonas de extrema pobreza rural son mucho más numerosos que los inversionistas que se bene-ficiarán de las inversiones públicas en irri-gaciones (aun cuando se incluyan como ‘beneficiarios’ a los obreros que serán em-pleados por las grandes agroexportadoras).

Pero aún los convencidos de que ganar nuevas tierras para la agricultura es el mejor medio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios posibles; por ejemplo, que en lugar de que las 40 mil hectáreas estén repartidas en diez o veinte grandes empresas, estén distribuidas en 400 empresas de 100 hectáreas promedio cada una, u 800 de 50 hectáreas, o 1600 empresas de 25 hectáreas Lo más probable es que el tipo de sociedad y economía que se construiría en la nueva zona irrigada sobre la base de medianas y pequeñas empresas sería mucho más equitativa, con mayor y más denso tejido social. Sería, mucho más estimuladora de actividades económicas diversificadas –pequeña manu-factura, servicios, comercio–, más consu-midora de productos nacionales, más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la seguridad/soberanía alimentaria, ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a un Estado descentralizado con gobiernos locales democráticos que el mo-delo neolatifundista que promueve el gobierno aprista (como lo hicieron antes Fujimori y Toledo).

En pocas palabras, una propuesta que pro-mueva empresas medianas y pequeñas ge-neraría desarrollo rural incluyente, no enclaves excluyentes. (3)

1. Publicadas en El Peruano el 6 de enero del 2010
2. Ver La Revista Agraria 107, mayo 2009, en http://www.cepes.org.pe
3. Uno de los principales especialistas del Banco Mundial en materia de tierras y desarrollo rural, Hans p. Binswanger, sostiene argumentos simi-lares basados en estudios. Ver Hans P. Bins-wanger-Mkhize, Camille Bourguignon y Rogier van den Brink (editors), Agricultural Land Re-distribution. The World Bank. Washington , D.C. 2009.