El problema de la tierra HOY

Artículo publicado en la Revista “Somos Norte”  N° 192 , de Diciembre de 2010 

La presentación de un proyecto de ley ante la Comisión Agraria del Congreso para poner un límite a la propiedad de tierras en la costa, produjo la inmediata respuesta de congresistas, gremios empresariales y diversas instituciones. A continuación parte del discurso intitulado «El problema de la tierra hoy», que planteó el sociólogo Fernando Eguren López, director de  «La Revista Agraria» y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), el pasado 23-11-12 en el marco de la XIII Convención Nacional del Agro Peruano.

LA FRONTERA AGRÍCOLA

Eguren dijo: «En el Perú hay dos fronteras agrícolas principales: una está formada por las tierras eriazas que existen entre valle y valle. La otra es los bosques amazónicos. La apertura de estas dos fronteras agrícolas se está haciendo de manera muy diferente en estas dos regiones. «En la costa, se ganan tierras de cultivo al desierto mediante costosas obras de irrigación. Detrás de cada uno de estos proyectos hay estudios, planes, acuerdos financieros, movilización de grandes recursos, realización de grandes obras de infraestructura, complejos temas logísticos. Por su magnitud e importancia económica, hay grandes decisiones políticas y complejos juegos de intereses de inversionistas y del Estado.

El cultivo del espárrago ¿es sostenible?

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El espárrago es el producto agrario de exportación ‘no tradicional’ peruano de bandera. Este año el valor de las exportaciones posiblemente alcancen los 500 millones de dólares, sumando frescos y en conserva. El área cultivada es de alrededor de 28 mil hectáreas.

Pero la frontera agrícola para este cultivo tiene límites en el principal valle productor, Ica, con 10 mil hectáreas de espárragos. Una reciente investigación muestra una vez más lo que muchos ya sabían: que la expansión de nuevas áreas para este cultivo se ha vuelto insostenible dados el contexto hidrológico y las demandas de agua concomitantes. Según el informe, “las crecientes demandas de agua para soportar esta expansión agrícola se vinculan con impactos económicos negativos sobre los pequeños y medianos campesinos”… lo cual “alimenta los conflictos sociales y una mayor vulnerabilidad al cambio climático a lo largo del valle de Ica e inclusive fuera de él.”  (1)

El estudio surge de la inquietud de organizaciones británicas sobre el impacto ambiental del comercio internacional, y específicamente del Reino Unido, el tercer mercado más grande para el espárrago peruano, después de Estados Unidos y Holanda. “El agua que se consume para el cultivo de espárragos importados al Reino Unido en 2008 se calcula en 9 millones de metros cúbicos, lo que equivale a unas 3600 piscinas olímpicas. La mayor parte de esta agua se usa en el valle de Ica, Perú, uno de los lugares más secos del planeta”. Desde aproximadamente hace ocho años, la intensidad de uso de la aguas subterráneas ha hecho que la napa freática del valle disminuya drásticamente a tasas que son  “casi con seguridad… las más rápidas de agotamiento del recurso acuífero de todo el mundo”.

Según el estudio, los pequeños y medianos campesinos son los que sufren la peor parte de esta carrera por el agua, viéndose forzados a vivir sin ella ya que los pozos se secan y crece la salinidad. Ello los conduce a endeudarse y a vender sus tierras. Inadecuados marcos institucionales y legales y el incumplimiento de las normas han permitido que unas cuantas empresas grandes se aseguren el acceso y usen el agua a tasas que no son sostenibles. El informe señala cómo los estándares y condiciones diseñadas específicamente para asegurar que el desarrollo económico sea sostenible –tales como los exigidos por la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, los de  GLOBAL G.A.P. sobre buenas prácticas agrícolas y los estándares sociales y ambientales de los minoristas y los supermercados–, que han sido conferidos a las agroexportadoras de Ica,  recompensan una producción que está lejos de ser sostenible en su uso del agua.

Las observaciones del estudio debe llamar la atención del Estado y de todos los actores involucrados para afrontar una situación que puede llevar al colapso la actividad agrícola del rico valle de Ica.
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Drop by drop: Understanding the impacts of the UK’s water footprint through a case study of Peruvian asparagus (Gota a gota. Para comprender los impactos de la huella hídrica del Reino Unido a través de un estudio de caso del espárrago peruano). Progressio en asociación con el Centro Peruano de Estudios Sociales y Water Witness. Septiembre 2010.

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Dieta, gran empresa y biodiversidad

Artículo publicado en el Diario La Primera (13 noviembre 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

La dieta alimenticia del mundo es cada vez menos diversa y cada vez más estandarizada, y esto trae varias consecuencias importantes.

Este fue el tema del simposio internacional Biodiversidad y Dietas Sostenibles, convocado por la FAO en Roma.

Se constató con preocupación que hay una tendencia mundial a la sobre simplificación de la dieta alimentaria, rica en energía y baja en variedad, contribuyendo a un creciente problema de obesidad y a una serie de enfermedades derivadas. Esta tendencia ocurre tanto en los países ricos como en los pobres. Crea “alimentos universales” que son independientes de los ecosistemas particulares de los países, estableciendo un divorcio entre lo que se consume, por un lado, y los alimentos más adecuados a los ecosistemas –y a la biodiversidad- del país o la región. En el intento de adecuar la producción de alimentos a esos patrones estandarizados, se reduce la biodiversidad.

También se analizó que esta simplificación hace depender las canastas de consumo de un reducido número de commodities. Esta tendencia está exacerbada por las grandes empresas privadas distribuidoras de alimentos (que desplazan a sistemas de distribución más apropiadas a una producción más biodiversa), las que van asumiendo un rol cada vez más importante pues van definiendo la relación entre productores y consumidores.

El simposio consideró que, por el contrario, las dietas sostenibles se sustentan fuertemente en los sistemas locales de producción de alimentos, que son más adecuados para promover la biodiversidad, y que practican una agricultura más amigable al ambiente y menos consumidora de energía. Estos sistemas reconocen en el agricultor no solo a un productor sino la dimensión sociocultural de las prácticas agrícolas.

Las preocupaciones analizadas en el simposio son sin duda también las de un país con una gran diversidad como el Perú. Afortunadamente, la orientación que ha tomado nuestra gastronomía con inmensa energía y creatividad va en el sentido de estimular la biodiversidad, y de manera creciente se reconoce que ella depende estrechamente de los conocimientos y sensibilidad –de la cultura, en suma- de nuestros campesinos.

El estado peruano, lamentablemente, no sólo está ausente de las preocupaciones que motivaron el simposio, sino que, todo lo contrario, escatima todo apoyo a los campesinos, quienes son los que han contribuido -y continúan haciéndolo- al desarrollo de la biodiversidad, mientras que dedica grandes recursos a promover un latifundismo monoproductor.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (13 noviembre 2010)

“Se necesita un censo agropecuario urgente”

(Artículo publicado en el diario “La República”, el 20 de setiembre del 2010) 

Entrevista/Fernando Eguren, presidente de CEPES. Desde 1994 no se hizo un estudio que certifique el estado de la agricultura en el Perú. Debe haber más apoyo a los pequeños y medianos agricultores.

¿Cuántas personas dependen de la agricultura?

Se estima que el 30% de la PEA depende de esta actividad. Según el último censo agropecuario realizado en 1994, existen 1,750 unidades productivas en el país; es decir, predios conducidos por una persona. El 90% posee menos de 5 hectáreas.

¿No se realizó un censo desde el año 94?

El campo se ha transformado y  se necesita un censo agropecuario urgente.  El nuevo ministro del sector, Rafael Quevedo, debería afrontarlo. No se conoce qué está ocurriendo en ese sector.  Es indispensable este procedimiento para hacer políticas acertadas.

¿Cuánto es el presupuesto que le asigna el Estado al sector agrícola?

No es fácil establecer cuánto es lo que se invierte. Prefiero relacionar  la agricultura con el  sector rural, pues hay políticas de inversiones que implican las construcción de carreteras o programas de irrigación que impactan en la agricultura.

HAY DESATENCIÓN AL AGRICULTOR

¿Cuáles son los principales  problemas que enfrenta la agricultura peruana?

El real problema agrario se concentra en la pequeña y mediana agricultura. En ese sentido, más de medio millón de familias –propietarias de  tierras– no acceden a los servicios necesarios (información, financiamiento e infraestructura), pues no hay políticas orientadas a beneficiarlas. En todo caso, no acceden a estos servicios o lo hacen de manera deficiente.

¿Pero en el Perú hay agricultura de exportación?

Se cree que el agro está bien  si se exporta. Pero pensar que eso va a resolver el problema agrario, no es la solución.  Sin embargo, la agricultura de exportación es la que recibe mayores facilidades porque las agroindustriales pagan la mitad del impuesto a la renta (15%).

¿Cuánto se ha avanzado en la agricultura del país?

La orientación de la política económica no fue la de mirar a los pequeños sino a los grandes agricultores. Hay políticas asistenciales (temporales)  que deben ser reemplazadas por políticas económicas.

¿Cuáles son los nuevos retos que debe afrontar el nuevo ministro de Agricultura?

Espero que el ministro Rafael Quevedo indique cuáles son los planteamientos que se van a tomar  en cuenta para los pequeños y medianos agricultores, que producen más para el mercado interno y aseguran la alimentación de todos los peruanos.

OLMOS BENEFICIA A LOS GRANDES INVERSIONISTAS

¿Qué opina usted de la inversión para el proyecto Olmos?

En la manera en que el proyecto va a vender estas tierras  –que son del Estado– solo van a acceder grandes inversionistas porque la unidad mínima de venta será de  cien hectáreas,  que costará US$ 4,500. Además, se debe invertir en proyectos de irrigación para que el agua llegue a los lotes.

¿ La población de Lambayeque, lugar donde se realiza este  proyecto, será beneficiada?

No.  La gente de Lambayeque  no tendrá los medios para acceder a estas tierras.  Solo podrán llegar a ellas como obreros asalariados. Las condiciones de venta lo van a impedir. Pese a que se ha escuchado de algunos funcionarios que Olmos será la oportunidad para que los pobladores puedan adquirir una propiedad, la verdad es otra.

(Artículo publicado en el diario “La República”, el 20 de setiembre del 2010)

Los neolatifundios vistos por el Banco Mundial

Por Fernando Eguren (presidente del CEPES)

En los años más recientes, las adquisiciones de grandes extensiones de tierras para uso agrícola se han convertido en un fenómeno mundial, y junto con ello los impactos negativos que puede tener este acaparamiento de tierras.

Este acaparamiento puede tener distintas características. Hay estados que compran tierras a otros estados, para garantizar su propia seguridad alimentaria ante un futuro incierto, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles. También hay corporaciones transnacionales que invierten por las perspectivas económicas atractivas del negocio de la producción de alimentos (se prevé un futuro de alza de precios), por la creciente demanda mundial de agrocombustibles, o simplemente lo hacen con fines especulativos, en un contexto en el que la crisis financiera revaloriza algunos activos, como la tierra y otros recursos naturales.

También hay procesos nacionales, como en el Perú, donde el acaparamiento de tierras es estimulado por las políticas neoliberales y pro exportadoras del Estado, tanto para la exportación de productos alimenticios de alto valor como de biodiesel y etanol.

Según un reciente informe del Banco Mundial , hasta el año 2008 cuatro millones de hectáreas habían sido objeto de grandes transacciones de tierras de aptitud agrícola, mientras que antes de finalizar el 2009 esta cifra ya se había incrementado a 45 millones de hectáreas, tanto en Asia como en África y América Latina. El informe subraya que este proceso ha generado dos corrientes de opinión: algunos ven una oportunidad para países cuyas tierras no han recibido inversiones ni han alcanzado un desarrollo tecnológico adecuado, y que requieren la creación de nuevos empleos. En contraposición, otros enfatizan los riesgos para los Estados débiles, en donde los derechos de propiedad son poco definidos y las instituciones regulatorias no tienen recursos suficientes. En estos casos, la concentración de tierras podría resultar en el beneficio de pocos, en la profundización de las desigualdades y en la degradación de los recursos.

Para reducir los efectos adversos que puede traer el acaparamiento de tierras y las grandes inversiones agrarias, el Banco Mundial, en acuerdo con la FAO, el FIDA y la UNCTAD, formula siete principios: (1) respetar los derechos existentes sobre la tierra y los recursos naturales; (2) garantizar la seguridad alimentaria; (3) garantizar la transparencia, la buena gobernanza y un ambiente favorable; (4)consultar a todos aquellos que pueden ser materialmente afectados, debiendo los acuerdos ser registrados y acatados; (5) reflejar las mejores prácticas de la industria; (6) ser socialmente sostenibles; y (7) ser ambientalmente sostenibles.

Poca duda cabe que el Perú se ubica, lamentablemente, en el de los Estados con escasa capacidad de poner por delante el interés público sobre los intereses del gran capital, en el que los derechos de las comunidades sobre los recursos comunales son cada vez menos respetados y en el que las entidades regulatorias no solo no tienen suficientes recursos, sino que están además atravesadas por la corrupción, como lo muestra el caso de COFOPRI.

Alan García: "El Perú es minero, no agrario"

Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010) 

Según el presidente Alan García, “el Perú no es un país agrario” sino “esencialmente minero”.[1] ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina[2]; porque para tener seguridad alimentaria (“idea que ya no sirve en el mundo”, dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres. 

Algunas aclaraciones son pertinentes.

En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.

En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas. 

En tercer lugar, darle un carácter secundón a la agricultura con el argumento peregrino de que “la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo” y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco Mundial.

No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!

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[1] Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada.

[2] Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.


Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010)  

Los trabajadores rurales: un mundo complejo

Artículo publicado en el Diario La República (10 agosto 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

 El mundo de los trabajadores rurales es más complejo que la imagen que de él tienen los políticos y, en general, los citadinos.

Los trabajadores rurales son el 37% del total nacional. Es generalizada la idea de que se dedican sólo a la agricultura. La realidad es mucho más matizada, como lo muestran las Encuestas Nacionales de Hogares que el INEI realiza. Así, según la ENAHO del año 2008, una cuarta parte de los trabajadores rurales no se dedica a actividades primarias, sino a la manufactura, al comercio y a diversos servicios.

La inmensa mayoría de los trabajadores rurales que se dedican a la agricultura son independientes: son agricultores familiares y campesinos, y su número es mucho mayor en la sierra que en las otras dos regiones.

En cambio, los asalariados agrícolas son una minoría: sólo uno de cada siete trabajadores en el campo es asalariado, siendo esta relación una de las más bajas de América Latina. Puede sorprender que casi la mitad de estos asalariados –el 45%– estén en la sierra, en donde hay un menor desarrollo relativo de la agricultura capitalista comparado con la costa, en donde labora el 32% de los asalariados. Ello indicaría que una parte importante de pequeños agricultores de la sierra emplea a trabajadores asalariados, aun cuando sea sólo eventualmente.

También puede sorprender que un apreciable porcentaje de trabajadores de la agricultura sean residentes urbanos: lo son una tercera parte de los asalariados agrícolas.

La participación de la mujer trabajadora es importante, pero en el mundo de la pequeña agricultura un elevado número no recibe remuneración. Sólo un porcentaje reducido de mujeres son trabajadoras asalariadas, aun cuando su número ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de la agroindustria moderna.

La incidencia de la pobreza entre los trabajadores rurales es muy alta, 55%, pero lo es más en aquellos que se dedican específicamente a la agricultura: 58% entre los hombres y 63% entre las mujeres.

La escasa disponibilidad de tierras, los bajos rendimientos y el escaso acceso de servicios necesarios para la producción contribuyen a mantener en la pobreza a la pequeña agricultura independiente. En el caso de los asalariados rurales, más de las tres cuartas partes ni siquiera reciben la remuneración mínima vital, lo cual expresa un altísimo porcentaje de incumplimiento de la legislación laboral, aun en la costa. Contribuye a la precaria situación de los asalariados agrícolas la inestabilidad en el trabajo, situación que se mantiene aun en las empresas debidamente constituidas gracias a la flexibilidad de ciertos tipos de contrato.

Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, dos terceras partes de los trabajadores agrícolas en empresas formales tienen contratos ‘a modalidad’, los cuales no garantizan su seguridad en el empleo.

El conocimiento de las características de los trabajadores rurales es indispensable para que las políticas laborales, las de desarrollo rural y aquellas que pretenden reducir la pobreza rural, sean eficaces.

Artículo publicado en el Diario La República (10 agosto 2010)

Exportaciones, concentración de la propiedad y seguridad alimentaria

¿Hay alguna relación entre la seguridad alimentaria del país, la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas y las exportaciones?

Sí la hay, y esto es más evidente si nos ubicamos en una perspectiva temporal de largo plazo.

Actualmente hay aproximadamente 1.8 millones de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos en el Perú. Prácticamente la totalidad de esta producción se debe a la mediana y pequeña agricultura. El Perú importa, para completar su oferta alimentaria, principalmente maíz amarillo (para la industria avícola), trigo, oleaginosas, por un monto de alrededor de 1350 millones de dólares (año 2009).

Hacia el año 2020 la población del Perú se habrá incrementado en un 21%. La pregunta es ¿cómo satisfacer esa mayor demanda de alimentos, sin aumentar nuestra dependencia alimentaria?

Sólo hay dos maneras, que deberían ser complementarias: aumentando la frontera agrícola y/o incrementando los rendimientos por hectárea.

Si no se incrementan los rendimientos, entonces la cantidad requerida de nuevas tierras de cultivo para alimentos en el año 2010 será proporcional al crecimiento de la población: 21%, es decir, aproximadamente 380 mil hectáreas. ¿De dónde salen esas hectáreas? Una opción es de la ampliación de la frontera agrícola en la costa, irrigando las tierras eriazas (Olmos, Majes, Chavimochic, etc.). Pero esas tierras nuevas, por decisión política, van a la constitución de neolatifundios, todos los cuales orientan su producción a la exportación. En la sierra no hay lugar para ampliar la frontera agrícola (más bien se reduce). Sólo queda la selva, pero se hace a costa de la deforestación, el desequilibrio ecológico y la liberación de carbono, cosa que lamentablemente está ocurriendo.

Para el incremento de rendimientos de la mediana agricultura y, sobre todo, de la agricultura familiar se requeriría, para que sea masivo, una decisión política clara y sostenida del Estado en todos sus niveles. Ello implica un cambio radical de prioridades y de orientación de recursos: actualmente alrededor de las tres cuartas partes de la inversión pública del sector agrario va a las grandes irrigaciones, en contraste con los minúsculos recursos que reciben las enclenques instituciones de investigación y extensión técnica.

La política vigente desde el gobierno de Fujimori de priorizar la formación de latifundios para la exportación va diametralmente en contra de una adecuada estrategia para afrontar el desafío de la seguridad alimentaria en los años venideros, estrategia que debería depender del apoyo a aquellos que producen alimentos: la agricultura mediana y familiar.

Las inversiones en agricultura contribuyen al neolatifundismo

Artículo publicado en el Diario La Primera (30 junio 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Según el aviso pagado por el Ministerio de Agricultura y difundido por los diarios el 24 de junio, con motivo del día del campesino, la política oficial continuará marginando precisamente a los homenajeados, los campesinos.

El aviso informa hacia dónde se orientan las inversiones agrarias que se hacen con recursos públicos. A programas que de algún modo benefician a la agricultura de pequeña escala se destina el 2.5 por ciento de las inversiones (Agroemprende, 0.7% y Núcleos Ejecutores, 1.8%). En contraste, en el otro extremo, las inversiones orientadas a consolidar el neolatifundio acaparan el 65% de las inversiones. Estas son cuantiosas inversiones en grandes obras de irrigación -Chavimochi III, Olmos II, Majes Siguas II, Chinecas - que permitirán que tierras eriazas, improductivas, sean cultivadas, exclusivamente para la exportación.

Hay tres problemas con estas inversiones en irrigaciones.

El primero es que, en la medida que son aprovechadas sólo por grandes inversionistas (pues así lo determinan las condiciones de venta de estas tierras), contribuye a restablecer una estructura bipolar de propiedad de la tierra, tal y cual existió antes de la reforma agraria de 1969. Esta concentración de tierras y de capitales ahonda las ya grandes desigualdades socioeconómicas existentes en el país. Y no hay mejor estímulo para el conflicto social que la agudización de las desigualdades.

En segundo lugar, los costos de oportunidad son muy altos. Con montos tan elevados comprometidos en irrigaciones –930.5 millones de dólares, según el aviso- y siendo los recursos públicos siempre escasos, cabe preguntarnos si no son prioritarias otras inversiones. Por ejemplo, en pequeñas irrigaciones que beneficiarían a centenares de miles de agricultores familiares, contribuyendo así a combatir la pobreza rural, a mejorar la seguridad alimentaria del país y al desarrollo descentralizado de las regiones.

En tercer lugar, con estas grandes inversiones se ganan nuevas tierras para el cultivo mientras que, por otro lado, se van perdiendo tierras por distintas causas. En algunos casos, por salinización, debido al efecto combinado de malas técnicas de riego, deficientes sistemas de drenaje y cultivos que utilizan mucha agua. Viejos estudios, que no han sido reactualizados, mostraban que más de un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas. En la sierra y selva también se pierden centenares de miles de hectáreas de tierras por erosión y deforestación.

Es preciso que los recursos públicos sean utilizados potenciando las capacidades económicas de la mayor parte de agricultores y campesinos, y no profundizando las diferencias en beneficio de pequeños y poderosos grupos de neolatifundistas.

Artículo publicado en el Diario La Primera (30 junio 2010)

Reforma y contrarreforma agraria, 41 años después

Artículo publicado en el Diario La República (24 junio 2010)

 
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Un día como hoy, hace 41 años, el gobierno del general Velasco promulgó la ley de reforma agraria y, simultáneamente, ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros de los llamados ‘barones del azúcar’.

En los siguientes seis años, fueron expropiadas todas las haciendas del país. Sus tierras fueron adjudicadas a cooperativas agrarias de producción (alrededor de 2.3 millones de hectáreas), a Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, 2.9 millones) y a comunidades y otras organizaciones campesinas (3.5 millones). Se beneficiaron 375 mil familias. Regionalmente, fueron expropiadas y adjudicadas el 53% de las tierras de uso agropecuario de la costa y el 23% de la sierra.

Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo: las primeras fueron divididas por los propios trabajadores en parcelas familiares, y las tierras de las segundas fueron, salvo excepciones, distribuidas entre las comunidades campesinas.

Desde el punto de vista de la producción, la reforma agraria no fue exitosa. Pero al redistribuir las tierras, mejoraron los ingresos de centenares de miles de familias. Desde el punto de vista social y político fue muy importante: puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó la sociedad rural y permitió la conversión de los campesinos en ciudadanos.

La contrarreforma agraria, iniciada tímidamente en los ochenta se aceleró en la década de 1990. La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la propiedad agraria y redujo la protección a las tierras de las comunidades. Muchas leyes posteriores profundizarían la liberalización del mercado de tierras, marginarían a la agricultura familiar y debilitarían aún más las normas que amparan los derechos comunales. El manifiesto escrito por el presidente García, “El síndrome del perro del hortelano” en octubre de 2007 puso en blanco y negro el decidido apoyo de su gobierno a la reconstitución de latifundios: campesinos y nativos no deben ser los propietarios de sus recursos pues, afirma el presidente, no saben y son pobres; esos recursos deben ser transferidos a los grandes inversionistas, que tienen las tecnologías y recursos económicos, y que además se convertirán en sus nuevos patrones. Continúa así la orientación de los gobiernos de Fujimori y Toledo de reconstitución de latifundios.

Cuarenta y un años después de la reforma agraria hay neolatifundistas mayores que los que existieron antes de la reforma agraria.

El más grande de todos, el grupo Gloria, controla alrededor de 60 mil hectáreas en la costa de Áncash y La Libertad; el grupo Romero, unas 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín; el grupo Dyer (Camposol), alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles de la costa; la empresa Maple, 12 mil hectáreas en el valle del Chira. Hay decenas de neolatifundios que tienen más de mil hectáreas. Y las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras públicas, que se ganarán en la costa con nuevas irrigaciones hechas con dineros también públicos.

Inversión y agricultura: retos para los pequeños productores

Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

 Hace pocas semanas la UNCTAD, organismos de las Naciones Unidas, organizó en Ginebra una sesión de alto nivel para tratar sobre los principios para una inversión responsable en la agricultura.

Olivier De Schutter, respetado Relator Especial de las NNUU sobre el derecho a la alimentación, advirtió que las instituciones internacionales promueven dos orientaciones paralelas y contradictorias sobre hacia dónde deben ir las inversiones en agricultura. Por un lado, éstas deben contribuir a enfrentar problemas como la inseguridad alimentaria, la pobreza rural y el cambio climático. Pero, por otro lado, las mismas instituciones están proponiendo códigos de conducta para guiar el proceso llamado de ‘land grabbing’, es decir, de concentración en pocas manos de grandes áreas de tierras aptas para uso agrícola, por transnacionales, gobiernos extranjeros y grandes inversionistas nacionales. Organizaciones de la sociedad civil en el mundo rechazan la idea misma de hacer un código de conducta, ante el temor fundado que a la larga éste sería inoperante ante esos poderosos agentes económicos.

Enfatizó que las inversiones deben beneficiar a los pobres del Sur, y no transferir los recursos a los ricos del Norte, y que deben realmente contribuir a la reducción del hambre y la desnutrición, en lugar de agravarlas. Sostuvo que para que ello ocurra, no basta actuar a nivel micro, de proyecto, sino que deben formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia, de nivel macro.

El Relator adelantó siete tesis que permiten la vinculación entre ambos niveles, cinco de las cuales resumimos apretadamente por ser más apropiadas al Perú:

1. Las políticas públicas que orientan la inversión no deben priorizar el aumento de la producción, deben contribuir primordialmente al desarrollo rural y al incremento de los ingresos en las áreas rurales.

2. Las inversiones agrícolas deben formar parte de una estrategia amplia de reducción de la pobreza.

3. Es vital un marco de derechos humanos para que la inversión agrícola sea sostenible.

4. La llegada de inversiones en agricultura puede exacerbar la competencia entre dos tipos de agricultura: la granja familiar, y la gran plantación, competencia que es profundamente desigual.

5. Los programas de formalización de los derechos sobre la tierra no sólo son insuficientes, sino que pueden ser potencialmente nocivos.

No es posible –concluyó De Schutter- continuar creando más desposeídos, ni ahondar las desigualdades en las áreas rurales, ni despojar a más pequeños agricultores.

Los planteamientos de De Schutter no son sólo razonables, sino muy importantes para un país como el nuestro, en donde hay un significativo proceso de concentración de propiedad de la tierra. Lamentablemente no hay nada más distante de las tesis de De Schutter que las políticas públicas implementadas por el gobierno actual.

Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)

40 mil hectáreas ¿es poco o mucho?

Artículo publicado en el diario La República (29 abril 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

La Comisión Agraria del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que limita la propiedad de la tierra cultivable a un máximo de 40 mil hectáreas. Según un miembro aprista de dicha comisión, este límite “impedirá el resurgimiento del latifundio”.

Para su información, en cualquier parte del mundo –y ciertamente en el Perú– 40 mil hectáreas de tierras de cultivo –y para el caso, 10, 20 o 30 mil hectáreas– es un latifundio. En el fondo, pues, la Comisión Agraria propone que se consolide el latifundio y, de paso, responde seguramente a presiones de grupos económicos que quieren cortarle las alas al Grupo Gloria, que hoy por hoy controla alrededor de 55 mil hectáreas de tierras de cultivo.

En discrepancia con el dictamen, el ministro de la Producción afirma que la mínima escala para ciertos cultivos es 6 mil hectáreas o aún extensiones mayores. Por su lado, el presidente de ADEX declaró que poner límites afectará a los inversionistas en el agro.

Para quienes tienen conocimiento de la historia social y económica de la segunda mitad del siglo pasado del Perú y América Latina, el límite de 40 mil hectáreas es un despropósito.

Conviene recordar que antes de la reforma agraria de 1969 la propiedad más grande de tierras de cultivo –el complejo azucarero Casagrande– no llegaba a las 30 mil hectáreas, y era el exponente máximo del latifundio en el país. La liquidación del latifundio fue uno de los objetivos de las reformas agrarias latinoamericanas en la década de 1960, pues la concentración de la propiedad de la tierra era una de las causas de la pobreza y la marginación de la población rural, situación que motivó grandes convulsiones sociales.

Pero ¿es cierto lo que afirma el ministro de la Producción sobre las escalas ideales para la actividad agropecuaria? Sería muy interesante que muestre cuáles son los estudios sobre los que basa su afirmación y, si los hay, cuáles son los criterios utilizados. Esto es muy importante, pues lo que está ocurriendo es la consolidación de un neolatifundismo que ahonda las diferencias socioeconómicas, ya graves, en el país.

La existencia de economías de escala vinculadas al tamaño de las explotaciones agrícolas ha sido un tema de estudio y debate en el mundo, y está ampliamente cuestionada. Me permito citar in extenso al principal especialista del Banco Mundial sobre el tema, Hans P. Bingswanger-Mkhize: “…casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta ‘relación inversa entre tamaño de granja y productividad’ implica que la agricultura se caracteriza, por lo general, por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía”. (1)

A fines de la década de 1950, una comisión nombrada por el gobierno conservador de Manuel Prado y conformada en su mayoría por hacendados modernos de la época recomendaba que el límite máximo de las propiedades debería ser de 250 hectáreas, argumentando que debían considerarse no solo criterios económicos, sino también políticos y sociales.

(1)  Binswanger et al. Agricultural Land Redistribution. The World Bank, 2009. Pág. 11.

Artículo publicado en el diario La República (29 abril 2010)

TLC y globalización

Artículo publicado en el Diario La Primera (17 abril 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Con toda la importancia que tienen los Tratados de Libre Comercio para la economía y sociedad peruanas, no son sino un detalle enmarcado en un proceso (en realidad, múltiples procesos) mucho mayor, el de la globalización. Los TLC vienen a ser modalidades específicas en que dos estados –en el caso de los TLC bilaterales, como es el del Perú-EEUU- o un grupo de ellos –Colombia y Perú con la Unión Europea- crean espacios excluyentes, con la pretensión de lograr ventajas recíprocas (al menos en teoría). Son una especie de paréntesis en el marco de la globalización. Es importante distinguir entre la globalización y los procesos más específicos de los Tlc para analizar qué impactos corresponden a uno y a otro. En el Perú, mucho más atención se presta a los eventuales impactos de los TLC y se subvalora a los de la globalización misma.

Como ilustración: las grandes empresas transnacionales mineras y de Hidrocarburos controlan cada vez mayores áreas ocupadas por comunidades campesinas y nativas en la sierra y en la selva, con impactos importantes sobre sus pobladores y el medio ambiente. Esto no tiene que ver con los TLC, sino con la competencia global por el control de los recursos naturales en los que no sólo intervienen los países desarrollados tradicionales, sino también la China, la India y el Brasil. Este control territorial –del suelo y del subsuelo- tiene inmensas consecuencias para la economía y sociedad peruanas. Las decisiones para que esto ocurra así no dependen de ningún tratado internacional, sino del acomodamiento del estado peruano a grandes tendencias globales.

Las inversiones en carreteras y en hidroenergía en la selva, con grandes impactos ambientales y sociales, tampoco dependen de la existencia de TLC. Son en buena parte estrategias geopolíticas de países poderosos –en este caso el Brasil- a las que, también aquí, se acomoda el estado peruano.

Los datos de prueba y la propiedad intelectual en el caso de las medicinas, tienen que ver no sólo con el TLC, sino con el casi nulo desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el Perú que nos obliga a ser importadores .

El hecho que el Perú se siga insertando en la globalización como proveedor de materias primas no depende de los TLC –aunque éstos contribuyen a que ese modelo primario exportador se consolide- sino es una opción política del estado peruano que responde a intereses privados tanto nacionales como internacionales.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (17 abril 2010)

La Deuda Agraria

 Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

La deuda agraria se origina en la reforma agraria iniciada en junio de 1969. Según la ley de reforma agraria 17716, las tierras e instalaciones fueron expropiadas, no confiscadas. Es decir, era una operación forzosa de compra y venta. Según un estudio realizado por José María Caballero y Elena Álvarez en los años ochenta, los flujos financieros envueltos en la reforma agraria tuvieron poca significación macroeconómica. El monto total de las indemnizaciones pagadas sumó 15 mil millones de soles (aproximadamente 66 millones de dólares de los Estados Unidos, a una tasa de cambio promedio de 1979 de 230 soles por dólar). Este monto equivalía aproximadamente a la mitad de los préstamos totales del Banco Agrario del año 1977. Además, solo la cuarta parte se pagó en efectivo.

El monto pagado por hectárea, en efectivo y en bonos, fue muy bajo: algo más de 18 mil soles por hectárea estandarizada (es decir, algo más de 18 dólares hectárea estandarizada. El monto pagado por los adjudicatarios también fue muy bajo, 2,836.1 millones de soles (12.3 millones de dólares), equivalente al uno por ciento de los ingresos corrientes del Estado. Probablemente esta escasa significación macroeconómica determinó que la deuda pendiente fuese condonada en diciembre de 1979, con la ventaja adicional que apaciguaba el reclamo de los beneficiarios, quienes se movilizaban periódicamente por su anulación, considerando que los bienes recibidos habían sido varias veces pagada con su mal pagado trabajo en los tiempos de la hacienda..

En efecto, se suponía que los beneficiarios de la reforma agraria debían pagar la deuda agraria al Estado, y luego éste pagaba a los propietarios expropiados. Pero luego de esta condonación, el Estado quedó como único deudor. Mientras se pago, sin embargo, las cuotas de la deuda agraria supusieron una carga pesada para muchas empresas.

Algunos analistas consideraron en su momento que la reforma agraria estaba orientada a convertir a los terratenientes en empresarios industriales, gracias al mecanismo de transferencia de las indemnizaciones a la industria. Pero en la práctica esta transferencia fue mínima. Caballero y Álvarez argumentan que esto se debió porque (a) muchos propietarios no recogieron sus bonos; (b) muchos desconocían sobre qué hacer con los bonos y, además, no siempre podían disponer del otro cincuenta por ciento que debían invertir para la inversión; (c) los bajos valores de las indemnizaciones limitaban los posibles alcances de la transferencia de recursos a la industria; (d) en general durante todo ese periodo la inversión industrial industrial fue reducida, en gran parte por desconfianza política.

Hasta donde estoy familiarizado con este asunto, legalmente los tenedores de los bonos tienen el derecho de reclamar por el pago. Obviamente hay varios problemas. Uno de ellos es cómo se valorizarán los bonos. El valor nominal original es de poca utilidad, pues en los años siguientes a la reforma agraria hubo devaluaciones espectaculares de la moneda y cambios de denominación. Así que el cálculo es todo un reto. Luego está si se debe incluir los intereses devengados, y cuáles serían esos intereses. En diferentes momentos se han dado cifras que han sido impagables. Por otro lado, ha habido empresas que han comprado bonos a bajo precio para luego iniciar procesos judiciales exigiendo al Estado el pago.

Los mismos bonistas han sugerido en distintas ocasiones que estarían dispuestos a recibir pagos no en dinero sino, por ejemplo, en las nuevas tierras ganadas por los proyectos de irrigación.

Al final de cuentas, los montos y las modalidades de pago serán el resultado de una negociación entre el Estado y los bonistas. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de resolver este problema que ya tiene décadas. Y no estoy seguro que el ministro Benavides –o Alan García lo tenga, a pesar de sus declaraciones. Después de todo, dentro de menos de cinco meses ya no estarán en el gobierno.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)

¿Nuevos latifundios o agricultura familiar?

 Artículo publicado en el diario La República (19 enero 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El gobierno de Alan García sigue con la política, iniciada en el gobierno de Alberto Fujimori, de modernizar la agricultura sobre la base de neolatifundios. Según el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, la cuarta etapa de Chavimochic demandará 300 millones de dólares de inversión pública, con la que se ganarán para cultivos de exportación 40 mil hectáreas. Como ha sido en las anteriores etapas, las tierras serán adquiridas por grandes inversionistas. La concentración de la propiedad de la tierra continúa también por mecanismos de mercado de tierras. El caso extremo es el del Grupo Gloria, propietario de las haciendas azucareras (ex cooperativas) Casagrande, Cartavio, Sintuco y Chiquitoy, que ha adquirido recientemente el control de otra empresa azucarera, San Jacinto (valle de Nepeña), con lo que suma alrededor de 55 mil hectáreas en la costa. Es el más grande latifundista del Perú. 

El argumento principal que justifica y promueve esta concentración es que la gran empresa agraria es más eficiente que la mediana y pequeña agricultura.

¿Es cierto este argumento? ¿Acaso las empresas agrícolas de quinientas, mil o de 5 mil y más hectáreas son más eficientes que las de 10, 20 o 50 hectáreas? ¿Hay estudios que respalden esta afirmación? A pesar de que en el Perú se está consolidando un neolatifundismo en medio de un océano de pequeña agricultura, no hay un debate sobre el tema.

Una reciente publicación del Banco Mundial interviene en esta importante discusión a propósito de la necesidad de redistribuir las tierras agrícolas cuando hay concentración y se presentan circunstancias adecuadas. El editor Hans Binswanger, autoridad mundial en la materia y autor de algunos capítulos, sostiene enfáticamente que “casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada”. El autor expone las razones de esta aparente paradoja, que por su extensión no es posible reproducir en esta columna. 

Binswanger subraya, en contraste, las ventajas de la agricultura familiar. Esta se caracteriza porque los dueños viven en la granja, la administran, y son ayudados por los otros miembros de la familia. Anota también las desventajas: mayor dificultad en el acceso a los mercados de insumos productos, financiamiento, asistencia técnica y a la información. Desventajas que pueden contrarrestarse –afirma– si los pequeños agricultores coordinan sus esfuerzos, como lo indica la experiencia, a través de cooperativas de crédito y mercadeo.

Además, en contraste con una economía agraria basada en grandes fundos, el autor sostiene que “el aumento en el acceso a la tierra por parte de familias de agricultores también puede conducir a economías locales más vitales”, más integradas, con mejores niveles de vida y más negocios minoristas.

En otras palabras, la agricultura familiar es más apropiada para el desarrollo de los espacios rurales. Qué duda cabe que esta discusión es altamente pertinente para el Perú.

 Artículo publicado en el diario La República (19 enero 2010)

Sobre la orientación de los recursos públicos en el agro

Según declaraciones de Adolfo de Córdova, ministro de Agricultura, (1) se continuará con las obras de Chavimochic. La cuarta etapa -de Palo Redondo- demandará una inversión de 300 millones de dólares. (A la tasa de cambio 1US$ = 2.85 NS, equivale a 855 millones de soles.)

Ello ampliará la frontera agrícola de La Libertad en 40 mil hectáreas. Según el mi-nistro, servirán para promover cultivos de agroexportación, como uva, paltos, espárragos “de enorme demanda en el mercado internacional”.

En etapas anteriores dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en el valle del Virú, una cantidad similar –o algo superior- de hectáreas para cultivos de exportación. La mayor parte de esas tierras están hoy en manos de una decena de grandes empresas. Siguiendo ‘el orden natural de las cosas’ vigente desde comienzos de la década de 1990, la propiedad de las nuevas áreas (que significarán una inversión con recursos públicos de 7500 dólares por hectárea promedio, según se deduce de las cifras dadas por el ministro) también estará concentrada en un puñado de propiedades de grandes inversionistas.

El ministro declaró también que el Congreso ejecuta en La Libertad 15 proyectos mediante los Núcleos Ejecutores (orientado a “las zonas de extrema pobreza rural”) por un valor total de 3’783,427 nuevos soles y que el Congreso ha aprobado una partida de 70 millones de soles en total para la implementación de 322 proyectos a través de los NE en todo el país.

Los contrastes saltan a la vista: 855 millones de soles de recursos públicos para un puñado de inversionistas, 70 millones para decenas de miles de pobladores en “zonas de extrema pobreza rural”.

Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación será recuperado, pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en producción, el Estado recabará impuestos, el dinero gastado en los pobres nunca será recuperado.

Este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque los recursos públicos tienen como propósito primordial lograr el bienestar de la población (el bien común), y no promover la generación de ganancias de los grandes inversionistas (para lo cual estos tienen medios de los que la mayoría de la población carecen, incluso procedimientos y servicios y bienes públicos que presta el propio Estado). En segundo lugar, porque la experiencia indica que el Estado no logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, y siempre hay un subsidio, abierto u oculto.

En tercer lugar, porque apoyar “zonas de extrema pobreza rural” no es un gasto sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social como econó-mica, cultural y ambientalmente rentable.

En cuarto lugar, porque hay una cuestión de números: los pobladores de las zonas de extrema pobreza rural son mucho más numerosos que los inversionistas que se bene-ficiarán de las inversiones públicas en irri-gaciones (aun cuando se incluyan como ‘beneficiarios’ a los obreros que serán em-pleados por las grandes agroexportadoras).

Pero aún los convencidos de que ganar nuevas tierras para la agricultura es el mejor medio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios posibles; por ejemplo, que en lugar de que las 40 mil hectáreas estén repartidas en diez o veinte grandes empresas, estén distribuidas en 400 empresas de 100 hectáreas promedio cada una, u 800 de 50 hectáreas, o 1600 empresas de 25 hectáreas Lo más probable es que el tipo de sociedad y economía que se construiría en la nueva zona irrigada sobre la base de medianas y pequeñas empresas sería mucho más equitativa, con mayor y más denso tejido social. Sería, mucho más estimuladora de actividades económicas diversificadas –pequeña manu-factura, servicios, comercio–, más consu-midora de productos nacionales, más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la seguridad/soberanía alimentaria, ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a un Estado descentralizado con gobiernos locales democráticos que el mo-delo neolatifundista que promueve el gobierno aprista (como lo hicieron antes Fujimori y Toledo).

En pocas palabras, una propuesta que pro-mueva empresas medianas y pequeñas ge-neraría desarrollo rural incluyente, no enclaves excluyentes. (3)

1. Publicadas en El Peruano el 6 de enero del 2010
2. Ver La Revista Agraria 107, mayo 2009, en http://www.cepes.org.pe
3. Uno de los principales especialistas del Banco Mundial en materia de tierras y desarrollo rural, Hans p. Binswanger, sostiene argumentos simi-lares basados en estudios. Ver Hans P. Bins-wanger-Mkhize, Camille Bourguignon y Rogier van den Brink (editors), Agricultural Land Re-distribution. The World Bank. Washington , D.C. 2009.