lunes, 10 de diciembre de 2007

A propósito del «síndrome del perro del hortelano» Un presidente para el siglo XIX


«... hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano, que reza: «Si no lo hago yo, que no lo haga nadie»». Alan García Pérez, presidente del Perú

El artículo del presidente Alan García, publicado en El Comercio el 28 de octubre («El síndrome del perro del hortelano»), ha suscitado encendidos comentarios a favor y en contra. Su principal mérito es que contribuye a promover una discusión —prácticamente ausente en los últimos años— sobre modelos de desarrollo socioeconómico. En lo que sigue, subrayaremos algunas de sus afirmaciones, que nos parecen importantes dada la condición del autor.

El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro
El presidente García suscribe de manera implícita la metáfora atribuida erróneamente a Raimondi: que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El banco de oro viene a ser la suma de los muchos, variados e importantes recursos naturales que el país posee: las maderas de la Amazonía, la tierra, los recursos minerales, el gas, el petróleo, el mar. El mendigo —que oficia de «perro del hortelano »— representa un mundo heterogéneo compuesto, en la relación presidencial, de minifundistas, comunidades campesinas, poblaciones nativas, pescadores artesanales, trabajadores que exigen derechos laborales y ciudadanos que aún adscriben a «ideologías superadas» (los «anticapitalistas», precisa); en suma, de ociosos, indolentes e indigentes.

Es difícil precisar cuántos ciudadanos están incluidos en esta impresionante relación, pero con toda seguridad supera largamente al número de peruanos que votaron por el presidente García. Para aprovechar el oro —discurre el razonamiento presidencial— hay que desbancar al mendigo. ¿Cómo? Cambiando las reglas del juego para sentar en el banco de oro a los grandes inversionistas. Si son transnacionales, mejor, pues son las que traen la tecnología.

Es así que cobran pleno sentido proyectos de ley como el que otorga poderes especiales a la Cofopri para reconocer y desconocer derechos de propiedad sobre la tierra durante cuatro años, y como el que declara de necesidad pública los intereses particulares de veinte empresas extractivas, con el fin de sortear los derechos de propiedad consagrados por la Constitución, que favorecen también a comuneros, pueblos nativos y otros ciudadanos representados por el mendigo en la metáfora.

La fuente de la riquezaLa segunda afirmación presidencial es que la riqueza del Perú reside sobre todo en sus recursos naturales y no principalmente en la capacidad transformadora de sus ciudadanos. El mundo ha llegado hace tiempo a la conclusión de que el conocimiento es el real creador de riqueza y el capital humano su principal factor, y sobre ellos se sustenta la competitividad. Por eso se habla hoy de la «sociedad del conocimiento». El presidente se retrotrae siglos atrás para considerar que la materia inerte extraída y con escaso valor agregado es la verdadera riqueza. No sorprende, entonces, el disminuido valor que su gobierno —y, justo es decirlo, también los gobiernos anteriores— da a la educación, forjadora principal del capital humano. Sabemos que la educación peruana, sobre todo la pública, es una de las peores en el mundo. En estas condiciones, el Perú no podrá ser competitivo, pues en mucho es simplemente un perceptor de rentas. En contraste, los conocimientos acumulados de campesinos y pueblos nativos sobre las complejas realidades en las que habitan y sobreviven, son ignorados y hasta despreciados por el mundo oficial.

LRA no está contra la gran inversión. Más aún, considera que en muchos casos es indispensable para la adecuada explotación de los recursos naturales, entre ellos los minerales, el petróleo y el gas. Pero, al mismo tiempo, no confunde el fin con los medios, es decir, el mejoramiento sostenible de la calidad de vida del conjunto de la población del país (el fin), con los diferentes tipos de inversión (los medios). Como sosteníamos en el editorial de LRA 87, del mes de setiembre, con respecto a la minería («¿Minería es desarrollo?»): «No existe […] una relación mecánica entre tener y explotar recursos naturales, sean estos mineros u otros, y generar desarrollo»; «es necesario redefinir el papel que [las actividades extractivas] deben tener en el desarrollo local y regional […], no en cumplimiento de una “responsabilidad social” de la empresa —término que suele ser un eufemismo de “relaciones públicas” y que depende enteramente de la voluntad de la empresa—, sino como una función esencial de esa actividad económica. Esta función debería quedar explícita en los contratos».

Lo moderno es lo sostenibleLa tercera afirmación se deriva de la confusión presidencial entre lo que es la tecnología de punta —la que supuestamente trae la gran inversión extranjera— y la manera moderna de explotar adecuadamente los recursos naturales. Gran parte de la tecnología de punta actual de las empresas mineras y petroleras corresponde todavía a un paradigma de la revolución industrial de hace más de doscientos años, en la que la relación con la naturaleza se basaba en «extraer sin reponer». Se constata hoy que las consecuencias acumuladas de este paradigma son terribles: desaparición de especies biológicas, contaminación de las aguas y los suelos, calentamiento progresivo del planeta. Hoy, lo moderno requiere todo lo contrario: es la búsqueda de un desarrollo que asegure la sostenibilidad de los recursos.

Los anticapitalistasEn esta sostenibilidad se está jugando el futuro de la humanidad, como lo acaba de confirmar el 17 de noviembre, en Valencia, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su XXVII sesión plenaria. El secretario general de las NN.UU., en su alocución final, subrayó que el cambio climático afectará más a los países en vías de desarrollo. «La desglaciación desencadenará inundaciones y conducirá a reducir la disponibilidad de agua en Asia meridional y en Sudamérica ». Y «si las proyecciones más severas del IPCC se revelan ciertas, gran parte de la Amazonía se transformará en llanuras sin vegetación arbórea», advierte.

Estas deberían ser preocupaciones centrales del Perú y de su presidente. Pero García sostiene que hay una corriente anticapitalista transecular que cambia de piel según las épocas: comunistas en el siglo XIX (¡se supone que gobernaron en el siglo XX!), proteccionistas en el siglo XX (¡Gran Bretaña, EE.UU. y otros países capitalistas se caracterizaron por ser proteccionistas!) y ambientalistas en el siglo XXI (¡cuando el premio Nobel de la Paz ha sido otorgado, por sus méritos ambientales, al IPCC y a Al Gore, difícilmente catalogables de anticapitalistas!).

Lo grande es hermoso: la hacienda, nuevo paradigma de desarrollo
Según el presidente García, las tierras de las comunidades son «tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos; por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra, vendida en grandes lotes, traería tecnología...». El presidente debería aclarar si los derechos de propiedad de los que «no tienen formación ni recursos económicos» (que califica de «aparentes») son de categoría inferior a los derechos de propiedad de los grandes inversionistas que traen tecnología. Ese es, en el fondo, el sustento de los dos proyectos de ley que mencionamos párrafos más arriba.

La idea de «vender la tierra en grandes lotes, lo que trae tecnología », como solución a la puesta en valor de los recursos naturales, la extiende el presidente a las explotaciones mineras, petroleras, pesqueras y madereras. Su concepción de organización de la economía es, finalmente, la de una multiplicación de haciendas modernas: grandes latifundios (para la agricultura, para la minería, para la pesca, para la explotación maderera y gasífera), de propiedad de grandes inversionistas, por un lado, y miles de campesinos, nativos y pescadores, convertidos en obreros (probablemente mal pagados y mal tratados, dada la escasa capacidad y/o voluntad del gobierno de mejorar las relaciones laborales). Nada más contradictorio a la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, mercados locales dinámicos y un Estado activo y, al mismo tiempo, descentralizado.

El Perú no puede desarrollarse en el siglo XXI con visiones propias del siglo XIX.

miércoles, 7 de noviembre de 2007

Tendencias de transferencia y concentración de la propiedad de la tierra


Artículo publicado en la edición 88 de LA REVISTA AGRARIA (Octubre 2007)


La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria. 
La concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1] Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los procesos de modernización social y económica. 
El gobierno de derechas de Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960, fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras [2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3] Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario, que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20 ha.
En los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de concen­tración. 
Son varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están contribuyendo al proceso de transferencia y concen­tra­ción de la tierra. 
La ampliación de la frontera agrícola en la costa . La modificación de la política de ac­ceso a las nuevas tierras irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes inversiones públi­cas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a pequeños y medianos agricul­to­res. Pero al menos desde la década de 1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para formar latifundios moder­nos. Así, en 1997 se subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores; en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786 hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las tierras gana­das por la irrigación de Majes, en el departamento de Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes inversionistas, sigue primando en la actualidad. 
La frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de tierras a precios muy bajos. El caso más conspicuo es probablemente Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de Toca­che. En 2004 tenía sembradas 7500 hectáreas de palma aceitera, y actualmente bordea las 10 mil ha. En los cuatro años siguientes seguirá expandiéndose a razón de 1,500 hectáreas anuales.
La concentración vía el mercado de tierras. Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas agrarias por otras empresas agra­rias, notablemente el caso de los complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actual­mente más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500 hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay 47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44 millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]
La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas . Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares. Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los com­plejos Cartavio y Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama, en el departamento de La Libertad. 
Denuncios y concesiones. Los denuncios y concesiones mineras se extienden particular­mente sobre tierras de comunidades campesinas en casi todos los depar­tamentos andi­nos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestiona­dos en la práctica por las empre­sas mineras aún antes de la fase de exploración, a través de distintos tipos de pre­sión, económicas y extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explo­tación los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.
 
Los denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras, gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden actualmente sobre miles de hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman 7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la superficie total de la selva baja y alta. [5]
 
La producción de biocombustibles. Los estímulos a la pro­duc­ción de biocombustibles (menores precios que los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias, subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes planta­ciones princi­palmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles también parece querer apoderarse del programa Sierra Expor­tadora. Su presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable. 
Turismo. Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo turís­tico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser destinadas a otros usos, pero con fre­cuencia implicando la pérdida de control por los campesinos y agricul­tores. Es el caso del Valle Sagrado (Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en ho­teles, albergues, res­taurantes, casas de campo, etc. [6]
Tendencias
Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7], otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país. 





 
[1] El censo agropecuario realizado en 1961 indicaba que el 54% de las tierras estaba en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias, y que tan sólo el 4,3% era controlada por el 84% de las explotaciones.
[2] Ley 26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.
[3] Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver Fernando Eguren, "Las políticas agra­rias en la última década: una evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.
[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007
[6] Aunque no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los departamentos norteños de Piura y Tumbes.
[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi 210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la producción de agrocombustibles.




 

miércoles, 26 de septiembre de 2007

¿Hay desigualdad porque hay pobreza, o pobreza porque hay desigualdad?

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Con relación a los estudios oficiales sobre pobreza, puede parecer ingenuo pero creo que vale la pena preguntar lo básico ¿cuál es su relevancia real? Planteo esta pregunta sin implicar con ello que ellos no tienen relevancia, pero ¿Para qué son útiles? ¿Por qué son importantes? ¿Qué revelan? ¿Qué no revelan? ¿Y qué es lo que uno puede hacer con estos estudios?

La pobreza es un concepto multidi­mensio­nal y complejo y que implica, como diría el PNUD, “llevar una vida larga y saludable”, “tener acceso a la educación”, “disfrutar de un nivel de vida confortable”, además de otros componentes de esa vida digna: la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso a trabajo productivo y bien remu­nerado, y la participación en la vida comunitaria. La pobreza, por tanto, es la ausencia de condiciones para llevar una vida digna.

La definición más convencional de pobreza, que la identifica con ‘bajos niveles de gasto’ banaliza este grave problema social. Esta simplificación conceptual puede ser útil para que los gobiernos muestren éxitos en la esfera de ‘los gastos’, lo cual no es difícil de lograr con programas redistributivos. Incremen­tar los gastos no es necesariamente encaminarse a la superación de la pobreza, si consideramos la dimensión multidimensional de la misma.

Es claro que hay una conexión entre pobreza, desigualdad y calidad de vida. Por lo general la condición de pobreza es un resultado de desigualdad y no a la inversa. No es que la diferencia en los ingresos crea las desigualdades; es porque hay desigualdades que hay diferencias en los ingresos.

Mi pregunta es, entonces, por qué los estudios oficiales sobre la pobreza no incluyen el tema de la desigualdad. Deberían hacerlo, pues la conexión es obvia. Quizá porque es obvia, precisamente, no se analizan juntas…

Que interesante sería, por ejemplo, hacer una investigación en la cual las encuestas también incluyan a los que no son pobres, a los que tienen más de 2 dólares, diarios, y así tener información actualizada sobre los diferentes estratos de ingresos. Que se incluya en las encuestas también a los de ingresos medios y a los de ingresos altos, lo que permitiría establecer algún tipo de correlaciones entre la evolución de la pobreza y la evolución de la riqueza. ¿Cómo evolucionan los más ricos y los más pobres? ¿Cuál es la correlación de esta evolución, y cuán significativa es? ¿Cuál es la explicación de esta correlación?

¡Claro! Uno puede decir: “es mejor conocer cuántos pobres hay, cómo son, cuáles son sus características, dónde están” para, por ejemplo, tener políticas de alivio a la pobreza más foca­lizadas, más eficientes. Pero, salvo en casos de emergencia o temporales, esto tiene sentido si es que las políticas y las tendencias de la economía se orientan al mantenimiento y la profundi­zación de la desigualdad. Como la pobreza en el Perú no es temporal sino permanente, entonces sí es necesario focalizar con precisión cuántos pobres hay y dónde están.

¿Hay bonanza? Efectivamente, la torta crece. Los pobres pueden estar en mejor situación y, sin embargo, al mismo tiempo, estar en una sociedad más desigual. Entonces, si tenemos políticas que acentúan las desigual­dades, puede darse el caso de que hay alivio de la pobreza y simultáneamente profundización de la desigualdad. Estas políticas existen. Desde la década de 1990 las nuevas tierras ganadas gra­cias a obras de irrigación financia­das por recur­sos públicos, son vendidas en con­diciones tales que sólo grandes inversionistas pueden acceder a ellas. Esto profundizará las desigualdades en el medio rural. Otra muestra: las empresas mineras van subordinando y desplazando a la población rural en un proceso que podemos estar viendo nosotros también, en algunos valles de la costa, por el acaparamiento de tierras para la expan­sión de las áreas agrícolas para la exportación o para la producción, en un futuro cercano, de insumo para biocombustibles.

Hay procesos en marcha, pues, que tienden al ahondamiento de la desigualdad y, por ende, de la pobreza. Es por esto que suena como un juego perverso el que, mientras está ocurriendo eso, los estudios sobre la pobreza se vuelven más técnicamente exquisitos, y estén dirigidos a localizar donde está los pobres para compen­sar­los. Hay una frase de Guillermo Nugent que dice, “la redistribución confirma la normalidad de la desigualdad”. Y esto en el Perú ya se vuelve normal.

Hay, pues, una serie de problemas de fondo en esto de la desigualdad, que debieran incorporarse en un debate, en una discusión de cómo enfrentar la situación de pobreza.

martes, 7 de agosto de 2007

EL MINISTRO BENAVIDES EN LA PLAZA DE ACHO: NOS MERECEMOS MEJORES PROPUESTAS

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Días después del discurso del presidente García el 28 de julio, en el que estableció algunas metas ambiciosas económicas y sociales para el 2011 – año en el que culmina su mandato – el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, hizo lo propio en la Plaza de Acho. Los medios de comunicación han informado sobre algunas de las características de la convocatoria: funcionarios públicos del sector agrario fueron conducidos en autobuses para llenar los tendidos, faena sin orejas ni rabo, pifeadera del respetable.

Perú: país líder en producción agrícola

Posiblemente contagiado por el desbordante optimismo presidencial, el ministro Benavides prome­tió que en el 2015 el Perú llegaría a ser el país líder en producción agrícola en la costa del Pacífico de América del Sur. Que el PBI agrario alcanzaría los 12 mil millones de dólares (aparentemente la confianza en los nuevos soles todavía no da como para hacer proyec­ciones de mediano plazo en nuestra moneda); que en el 2011 las exportaciones agrarias al­canzarían los US$4500 millones (US$2100 en el 2006); que se crearían 400 mil nuevos em­pleos directos y 200 mil indirectos; que la pobreza rural disminuiría en 35%.

Piña. Resulta que Álvaro Rojas, el homólogo chileno de Benavides, estima que este año Chile estará exportando productos agrícolas por un valor de US$ 10 mil millones, más del doble que lo proyectado por nuestro ministro para dentro de cuatro años. Basta este dato para cuestionar la meta de ser líderes en producción agrícola el 2015.

Por otro lado, con lo dinámica que es la agricultura chilena, entre 1987 y 1996 la pobreza rural disminuyó tan solo en un 23%. ¿En qué se basa Benavides para afirmar que en el Perú la reducción de la pobreza rural será mucho mayor en mucho menor tiempo?

Otra meta adelantada por el ministro fue que el crecimiento promedio anual del sector agrario será del 7% hasta el 2011. Meta sin sustento, pues según información del propio ministerio de Agricultura, la variación anual de la producción agropecuaria desde el 2003 fue, año a año, 1.9%, 1.7%, 4.8.%, 7.2%, y la proyección para el 2007 es de 4.5%. Además, es muy osado adelantar tasas de crecimiento de un sector productivo que es muy dependiente de las variaciones del clima, más todavía si los cambios climáticos mundiales lo hacen aun menos predecible.

El problema del agua

Acierta el ministro en levantar el problema del agua y en mencionar que es necesario el manejo y conservación de las cuencas hidrográficas. Pero no necesariamente acierta en sus prioridades. Ofrece 200 mil nuevas hectáreas irrigadas en la costa y en la sierra; 30 mil nuevas hectáreas irrigadas por goteo en la sierra; 100 mil hectáreas recuperadas en la costa y sierra. Pero no menciona el gravísimo problema de la contaminación del agua por relaves mineros, deshechos industriales y urbanos, que afecta un alto número de ríos y lagos del país, siendo el caso más escandaloso el del río Mantaro. Tampoco menciona la necesidad de reducir las áreas de cultivos que hacen un uso intensivo del agua y que contribuyen a la salinización (y pérdida de fertilidad, por tanto) de los suelos, sobre todo en la costa. Antes bien, se está promoviendo la ampliación de las áreas de caña de azúcar para la fabricación de etanol. Si no hay medidas radicales contra la contaminación de las aguas, la salinización de los suelos y la deforestación, no tiene sentido recuperar 100 mil hectáreas[1], pues se seguirán deteriorando nuevas áreas.

Mercados

Con relación al ‘acceso a mercados’, otro de los pilares fundamentales – así los llama el ministro - de la política agraria de este gobierno, reitera el apoyo a las agroexportaciones pero no hace más mención al TLC con Estados Unidos que la necesidad “diseñar un siste­ma equitativo de compensaciones que lleguen a los más pobres cuando más lo necesiten”.

Sobre crédito agrario, ya el ministro Benavides había rechazado la ley aprobada por el Con­greso de que AgroBanco opere como banca de primer piso, sin ofrecer ninguna alternativa a la medida de las necesidades de financiamiento que tienen los agricultores pequeños. Pro­me­te lanzar el seguro agrario ‘en el primer trimestre del 2008”, lo cual es ya un ofrecimien­to ritual de todo nuevo ministro del ramo.

Ofrece desarrollar un sistema de información ‘con capacidad de llegar a ocho millones de peruanos’ mediante un Sistema de Información Agrario utilizando canal 7 y Radio Nacional. Si lo hace, enhorabuena, aunque podría aquí sí ser más ambicioso, dada las experiencias en sistemas de información en curso a nivel piloto usando las modernas tecnologías de información y comunicación – entre otras la interesante experiencia que desarrollo CEPES con la Junta de Usuarios del valle Chancay Huaral – y la difusión de las conexiones a Internet en muchas áreas rurales.

Propone profundizar la investigación agraria ‘para lograr mayores rendimientos de los principales productos”, mencionando dos cultivos costeños, maíz y algodón, pero sin precisar cuáles son los criterios para definir aquellos que son principales de los que no lo son (pueden ser los que ocupan más área, o los que más se exportan, o los que producen la mayor parte de campesinos…) ni los recursos que se destinarán.

La oferta de un “fondo de desarrollo productivo rural” de más de US$ 1000 millones para la sierra llamó la atención; luego el ministro aclaró que sería un fondo integrado de programas ya en curso, como Foncodes.

Programa Sierra Exportadora

Ya el ministro Benavides había expresado en otra ocasión su disconformidad con este Programa dirigido por el ingeniero Gastón Benza quien, a lo largo de su corta conducción, ha mostrado su poco conocimiento de las complejidades físicas, económicas y sociales de esa región. Ni el presidente García – supuestamente el creador e ideólogo de este Programa – ni el ministro Benavides se dignaron hacer mención alguna. Signo de que o Benza cae, o todo el Programa cae.

Nos merecemos propuestas mejores
Existen experiencias y conocimientos acumulados, tanto en la administración pública como fuera de ella, que podrían sustentar opciones estratégicas y las políticas correspondientes mucho más adecuadas a las realidades y necesidades de un país muy complejo pero al mismo tiempo con muchas potencialidades. Metas más realistas pero mejor fundamentadas pueden ser menos llamativas y espectaculares. No es una buena demostración de capacidad de gobierno el lanzar metas que probablemente satisfacen el ego de gobernantes de turno, pero que no reflejan necesariamente verdaderas prioridades o que no son alcanzables.

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[1] A fines de la década de 1970, la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales, ONERN, esti­maba que dos de cada cinco hectáreas de tierras de cultivo en la costa, unas 300 mil hectáreas, estaban salini­zadas, y la mitad de ellas seriamente. La ONERN fue liquidada durante el gobierno de Fujimori, y desde en­tonces no hay una entidad pública que haga un seguimiento sistemático de la situación de nuestros recursos naturales.

martes, 19 de junio de 2007

Bertha Consiglieri, colega, amiga, ha muerto


Desde una pequeña habitación en las afueras de Bruselas recuerdo a mi amiga Bertha. Hace unas horas mi esposa, su amiga de siempre, me dio la mala noticia por teléfono. Fue una sorpresa cómo no. Una tristísima sorpresa. Pero al mismo tiempo quizá debería haber recelado algo: mirando hacia atrás, la salud de Bertha no parecía estar bien desde hace algún tiempo.

Con Bertha nos conocíamos desde hace más de tres décadas, como militante de las mismas causas. Ni por un momento dejó de creer en lo que creía desde que era una periodista joven, haciendo la crónica del movimiento campesino en los años setenta en revistas notables de la izquierda como no las habría más. Naturalmente entró a trabajar en CEPES desde inicios de los ochenta, para no dejarnos más.

Durante esos largos años, y hasta el último día de su vida, escribió cientos, miles de páginas sobre los acontecimientos agrarios y rurales, leal siempre a sus creencias y compromisos de juventud: el derecho de los campesinos a la dignidad, el respeto a sus derechos ciudadanos, el derecho a una buena calidad de vida. Mas allá de lo rural, espacio que siempre estuvo al centro de su interés, aspiraba a un Perú realmente democrático. Más aún: en el último documento institucional del CEPES, Bertha introdujo una modificación en nuestra Misión: no basta con orientarnos hacia un desarrollo democrático del país, sostenía, sino apuntar a un mundo justo y equitativo.

Bertha deja una ausencia en el mundo de mis afectos y de todos los colegas del CEPES. Pero también deja un gran vacío como trabajadora en una institución especializada en la cuestión agraria y rural: era la que más sabía. Era su manera de estar más cerca de aquellos con los que siempre se identificó: los campesinos. (Fernando Eguren)




 Video homenaje a Bertha


martes, 5 de junio de 2007

ES URGENTE UN NUEVO CENSO AGROPECUARIO

Por Fernando Eguren (presidente de CEPES)

El Ministerio de Agricultura ha puesto a consideración del público una propuesta preliminar de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural 2007 – 2021, que se puede encontrar en su página web. Es una oportunidad para que la ciudadanía exprese sus puntos de vista sobre lo que pretende ser la base de una importante política de Estado.

Una política de Estado debe proponer ob­je­tivos de largo plazo y los pasos para alcan­zarlos. Para ello debe haber un conoci­miento de la materia sobre la cual se define dicha política. En este caso, el agro y los espacios rurales. El conocimiento, a su vez, requiere de información veraz y razonable­mente completa y actualizada. En el caso del agro, la más completa información data de 1994, año en el que se realizó el último censo agropecuario. En la última década el ‘clima’ neoliberal y la dación de la ley de tierras en 1995 deben haber contribuido a cambios importantes en el mundo rural, cu­ya magnitud no conocemos con precisión. Es urgente hacer un nuevo censo agrope­cuario.

¿La estructura de propiedad de la tierra en el Perú está nuevamente polarizán­dose?
Así, no sabemos cuántas unidades agrope­cuarias existen actualmente en el país: si son más o menos las casi 1.750 miles existentes en el año censal. ¿Cuales han sido los cambios regionales?

Tampoco sabemos cuál es la estructura de propiedad de la tierra hoy día. Desde 1994 han surgido varias decenas, si no cen­tenares, de explotaciones agropecuarias que, en la costa, superan las 150 hectáreas (que era el límite máximo permitido por la ley de reforma agraria de 1969 para pre­dios de propiedad individual; las coope­ra­tivas no tenían límite de tamaño). Hoy exis­ten en esta región verdaderos latifundios, propiedades privadas de más de mil hectá­reas de extensión (es el caso de las ex-cooperativas azucareras, y también de algunas empresas agrarias con cultivos para exportación).

Mucho se habla de que el minifundio es un gran problema. Pero no sabemos cuál es la situación actual en comparación a hace trece años, si hay una tendencia creciente hacia la atomización de la tenencia, y en qué zonas estaría ocurriendo esto.

Diversificación económica de los espacios rurales
Es necesario conocer cómo se han diver­si­ficado los ingresos de los agriculto­res, so­bre todo de los pequeños. Ya en 1994 se constataba la significativa dependencia de los pequeños agricultores y minifundistas de los ingresos extra prediales, tanto agra­rios como no agrarios. Si estos ingresos extra prediales son hoy más importantes que antes (lo cual es muy posible), enton­ces las estrategias para mejorar la situa­ción económica de los pequeños produc­tores no pasarían solamente –y en muchas ocasiones ni siquiera principalmente- por mejorar sus condiciones de producción agrarias, sino por estimular la diversifica­ción de la economía rural (y del mercado laboral) y densificar las relaciones entre los espacios rurales y los urbanos. El papel económico promotor de los gobiernos regionales y de los municipios es en este sentido de gran importancia.

Condiciones para la competitividad

Un nuevo censo también daría valiosa información sobre las bases necesarias para desarrollar una agricultura compe­titiva. Según el censo de 1994, cerca del 60 porciento de los conductores de parcelas o no habían recibido ninguna educación formal o no habían culminado la educación primaria (que, por lo demás, en las áreas rurales es de muy baja calidad). Por otro lado, los niveles tecnológicos eran deplorables: en 1994 el 31 porciento de los productores sólo utili­zaban energía humana, con producti­vida­des sumamente bajas. ¿La situación ha mejorado o ha empeorado? Respuestas a estas preguntas serían muy valiosas para sustentar políticas tanto educativas como tecnológicas. Si la situación permanece co­mo en el pasado y no se definen políticas para superarla, las perspectivas de una agricultura competitiva quedarán restrin­gidas a algunas pocas áreas, regiones y productores del país, ahondándose las ya notables diferencias sociales y económicas.

jueves, 10 de mayo de 2007

Las Naciones Unidas escépticas frente a los biocombustibles

Hace pocos días las Naciones Unidas hicieron público su primer informe sobre los biocombustibles. Un consorcio de 20 agencias y programas de las NNUU concluye, en síntesis, que si bien el etanol –uno de los biocombustibles- puede ayudar a reducir el calentamiento global y crear empleos para los pobres rurales, estos beneficios pueden ser neutralizados por problemas ambientales serios y una elevación de los precios de los alimentos para las poblaciones hambrientas.(http://www.nytimes.com/aponline/world/AP-Biofuels.html?_r=1&oref=slogin)
 
Esta organización se suma así a una importante ola de escepticismo que reacciona frente al entusiasmo de gobiernos y grandes inversionistas que, desde hace algún tiempo, promueven el consumo de biocombustibles en nombre de la protección ambiental y de dar oportunidades a la población rural deprimida. Los líderes europeos se han puesto como meta que para el año 2020 el 10 porciento de los combustibles serán de origen biológico. El presidente Bush también ha elevado la meta de consumo de biocombustibles en los EEUU para los próximos años. Como quiera que estos grandes consumidores de energía no tienen las tierras suficientes para los cultivos necesarios para producirlos, requieren que países pobres como el Perú pongan a disposición sus propias tierras para estos fines.

Pero el informe de NNUU advierte que la “moda de los biocombustibles” – como la denomina el organismo mundial – puede hacer tanto daño al medio ambiente como los combustibles fósiles. Otro riesgo es que el rápido crecimiento de la producción de biocombustibles incrementará sustancialmente la demanda de tierras fértiles y de agua en el mundo, en un momento en que ha aumentado también la demanda por alimentos y productos forestales. Se suma a ello el que la expansión de monocultivos a gran escala puede conducir a la pérdida significativa de biodiversidad, a la erosión de los suelos y a la pérdida de nutrientes. Hemos advertido sobre estos riesgos en otras notas (ver La Revista Agraria del mes de marzo).

La velocidad con la que en el Perú - y otros países de América Latina- se está introduciendo la “moda de biocombustibles”, por grandes inversionistas apoyados por el gobierno no ha dejado el tiempo para que se sopesen los pros y contras de la expansión de los sembríos de caña de azúcar, de palma aceitera y otros cultivos que son sus insumos principales. Es un deber del Estado informar objetivamente – no hacer propaganda – a la población sobre las ventajas y desventajas de esta agresiva campaña, y una responsabilidad de la sociedad civil de informarse y expresar una opinión sobre un proceso que puede tener consecuencias sociales y ambientales negativas que es preciso prevenir. 

jueves, 19 de abril de 2007

Las vacas lecheras y el biocombustible


Hace pocos días los ganaderos lecheros de varias cuencas se movilizaron en protesta por los bajos precios que pagan por litro de leche las grandes empresas procesadoras, a las que acusaron de concertar precios entre sí (lo cual está prohibido). El problema es grave pues sus costos de producción han aumentado, en parte porque el precio del maíz – componente esencial de la alimentación del ganado – se ha incrementado en un 30%.

¿Qué tiene que hacer esto con los biocombustibles? Pues que los Estados Unidos, que producen el 40% del maíz del mundo y representa la mitad de la exportación mundial de este producto, está dedicando volúmenes crecientes a la producción de etanol. Se estima que dentro de algunos años la mitad de la producción de maíz norteamericano será trasformada en etanol. Y como más agricultores de ese país se están orientando al maíz y concentrando más tierra con ese fin, también está aumentando el precio de otros cultivos y de los productos ganaderos. Algunas proyecciones del incremento de precios hacia el año 2020 producido por el incremento de biocombustibles: 41% el maíz, 76% de oleaginosas, 30% del trigo.135% de la yuca.

Este es el tema de un reciente artículo de la influyente revista Foreign Affairs[1], de donde hemos extraído la información de esta nota. Los autores afirman que lo que puede ser una bendición para los productores de maíz, puede ser un castigo para la población pobre. “Llenar el tanque con 25 galones de un vehículo 4x4 con etanol puro requiere más de 200 kilos de maíz –que contienen suficientes calorías como para alimentar a una persona por un año.” El presidente Bush ha puesto la meta de consumo de etanol para el año 2017 en 35 mil millones de galones. ¡Suficiente para abastecer en calorías a cerca de 78 millones de personas por un año! Para supuestamente aliviar la presión sobre el medio ambiente reemplazando combustibles ‘sucios’ por combustibles ‘limpios’, se están desforestando en el sudeste asiático vastas áreas para sembrar palma aceitera para su conversión en biodiesel.

“La manía del biocombustible”: así califica FA lo que está sucediendo en Estados Uni­dos, y que comienza también a suceder aquí. En el Perú han subido las acciones de las empresas azucareras; se han adjudicado inmensas áreas en la costa norte para la producción de caña de azúcar para etanol; se está construyendo una planta de biodiesel en el Callao que será abasteci­da por aceite de palma de nuestra selva; se propone liberar la producción de biocombustibles del impuesto selectivo al consumo (la comisión de Economía del Congreso ya lo aprobó). Lo que sucede en EEUU está comenzando a suceder en el Perú: “…la industria de los biocombustibles ha sido dominada no por las fuerzas del mercado sino por políticas e intereses de un pequeño número de grandes empresas”.

Los efectos de la difusión y producción de biocombustibles son tan importantes que merecen un debate público, que es transversal a tres ámbitos de políticas sobre las que no hay casi discusión: la política nacional de energía, la de seguridad alimentaria, y la política medioambiental.


[1] C. Ford Runge y Benjamin Senauer, “How Biofuels Could Starve the Poor” (Cómo podrían los biocombustibles hambrear a los pobres) Foreign Affairs, mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/

martes, 17 de abril de 2007

El minifundio según el presidente García

El presidente García ha declarado en Chiclayo que el minifundismo “es totalmente impro­ductivo y una tragedia para el país”, que la rentabilidad de la agricultura se consolida cuando el productor tiene un mínimo de 20 hectáreas…”.[1]

Resulta que en el Perú, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2% de las explotaciones agropecuarias tienen menos de 20 hectáreas. Si por minifundistas se está refiriendo a la inmensa mayoría de unidades productivas agrarias del Perú, al contrario de lo que dice el presiden­te, sería una tragedia para el país que no existieran, pues proveen el 71.5% del valor bruto de la producción agrícola nacional. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, ya que siete de cada 10 toneladas son producidas por estas pequeñas explotaciones.[2]

El presidente confunde pequeña agricultura comercial con minifundio. La pequeña agricul­tura –llamémosla así, de manera arbitraria, a la que posee entre 5 y 20 hectáreas de tierras bajo riego– puede tener viabilidad económica si hubiese un contexto favorable. Contexto favorable es acceso al crédito, asistencia técnica, carreteras, acceso a bienes públicos (información, comunicación, educación, salud, etc.). En todo esto el Estado, gobernado hoy por el presidente García, tiene una gran responsabilidad que no está asumiendo. Por contraste, la gran agricultura no necesita del apoyo estatal, aunque éste se lo da de distintas maneras (vendiendo tierras irrigadas gracias a la inversión pública a precios inferiores a los costos, montando oficinas promotoras de exportaciones). No todo es culpa del actual gobierno: el gobierno del ex presidente Fujimori desmontó lo poco que había de apoyo estatal a la pequeña agricultura, y los siguientes gobiernos no hicieron nada por ella).

Pero aún sin un contexto favorable la pequeña agricultura ha mostrado su capacidad de pro­gresar. El caso de los cafetaleros – casi todos ellos minifundistas según los criterios del pre­sidente – organizados en cooperativas, asociadas a la Junta del Café, han sabido remontar una grave crisis de precios bajos orientando su producción a café gourmet y orgánico.

El presidente García acertadamente recomendó que se impulse la formación de asociacio­nes de pequeños agricultores para superar algunas de las desventajas de la pequeña escala de producción. Pero aquí también el gobierno tiene un papel que cumplir facilitando, por ejemplo, el acceso a ciertos servicios a los pequeños agricultores que están asociados.

¿Pero qué pasa con los minifundios ‘de verdad’, aquéllos que no llegan ni a una hectárea, que también son centenares de miles, que albergan a los muy pobres? Imagínese el presi­dente García lo que ocurriría si no tuviesen esa hectárea, que mal que bien les permite pro­ducir parte de los alimentos que necesitan para sobrevivir y un espacio para la vivienda. Estas familias minifundistas tienen que dedicarse también a otras actividades económicas para complementar sus ingresos, y por eso parte de sus miembros migran temporal o defi­nitivamente. Este numerosísimo sector de pobres rurales encontrarían grandes beneficios si es que en el Perú estuviese ocurriendo no solo una descentralización político – administra­tiva, sino también un desarrollo económico descentralizado. La multiplicación y diversifi­cación de las actividades económicas rurales y la intensificación de las relaciones entre el campo y las ciudades pequeñas e intermedias abrirían nuevas oportunidades a los minifun­distas quienes, sin necesariamente tener que abandonar sus tierras ‘para formar predios agrícolas viables de 20 o más hectáreas’, accederían a un mercado de trabajo diversificado. Es una estrategia llamada hoy de ‘desarrollo territorial’. También aquí corresponde al gobierno central una tarea de orientación y estímulo.

En la misma oportunidad el presidente García afirmó que debería dejar de cultivarse el arroz, pues no es rentable y consume mucha agua. Pero resulta que se están entregando decenas de miles de tierras para el cultivo de caña de azúcar – cultivo que también es gran consumidor de agua – para la producción de etanol para la exportación por grandes em­pre­sas (¡que están exigiendo exoneraciones tributarias para ser rentables!). ¡Por lo menos el arroz sirve para alimentar a la población y es una fuente de ingresos para miles de pequeños agricultores! Y resulta que el Programa Sierra Exportadora parece más un programa para que los grandes inversionistas se aprovechen de las particularidades ecológicas de esa re­gión que para ayudar a una parte del campesinado (gran parte de ellos minifundistas) a salir de la miseria. De otra manera no puede entenderse las declaraciones del Ing. Benza, presi­dente del Programa, por dedicar 200 mil hectáreas al cultivo de insumos para biodiesel de exportación.

Lo preocupante es que detrás de las palabras del presidente pueda estar la intención de orientar el desarrollo del agro por el lado de la consolidación de la gran empresa agraria dedicada a la exportación, y continuar ignorando las necesidades de las centenares de miles de familias ‘minifundistas’ y el mismo concepto de desarrollo rural.

[1] Ver El Peruano, martes 17 de abril 2007.
[2] Después de trece años, es tiempo que el gobierno haga un nuevo censo agropecuario para actualizar esta información, sin la cual es difícil diseñar y ejecutar políticas de desarrollo rural.